Erwin Sandoval Gallardo, Codesa
Hace algunas semanas leíamos tanto a los principales representantes de la industria salmonera como al ex presidente Eduardo Frei pretendiendo instalar el relato de que “[…] la industria del salmón ha sido el motor del crecimiento del sur de Chile en los últimos 30 años. Sin recibir ni un subsidio del Estado“.
Dado que otras voces han salido a demostrar la falsedad de aquella afirmación, dando cuenta del rol del Estado en el establecimiento y desarrollo de esta actividad, desde sus orígenes; resulta del todo necesario detenernos en lo que constituye el mayor de los subsidios o regalías que esta industria en particular recibe de parte del Fisco y sus bienes públicos: La posibilidad, de manera exclusiva, de desarrollar actividades industriales al interior de áreas silvestres protegidas.
En efecto, según se ha constatado, 411 concesiones acuícolas otorgadas por el Estado de Chile se encuentran al interior de áreas silvestres protegidas de la Patagonia (reservas nacionales y parques nacionales), vulnerando con ello tanto los objetivos de conservación de dichos sectores como los compromisos internacionales adoptados por Chile, que impiden la explotación económica de los ecosistemas presentes en dichas áreas de protección (Convención de Washington, por ejemplo).
Dar cumplimiento al compromiso presidencial de avanzar en la salida de la industria salmonera de áreas protegidas debiera ser una prioridad en un escenario de crisis climática y de biodiversidad que las amenaza crecientemente. Sin embargo, como ha evidenciado la reciente publicación de Fundación Terram en CIPER, el Estado sigue obrando en la lógica del subsidio o las regalías a la industria salmonera a costa de nuestras áreas protegidas. Ello, desde que en diciembre de 2023 el gobierno firmara un acuerdo con Aquachile y Cooke Aquaculture para relocalizar nueve concesiones que hoy operan dentro de los límites de los parques Laguna San Rafael e Isla Magdalena (Aysén), y Bernardo O’Higgins (entre ésta y Magallanes). Un premio paradójico: de acuerdo a información de Fundación Terram éstas presentan serios incumplimientos legales, estando cinco en causal de caducidad y cuatro con incremento significativo de las densidades de cultivo autorizadas, eludiendo así el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (sobreproducción).
No sólo se permite que estas empresas como bloque desarrollen su actividad industrial en áreas que debieran estar bajo protección, sino que, inclusive cuando han generado significativos impactos ambientales en áreas de protección e incumplido inaceptablemente la normativa que las regula, el Estado continúa beneficiándolas con la posibilidad de relocalizarse. Eludiendo así su responsabilidad por las infracciones cometidas.
Sobre la sobreproducción, se ha denunciado que en reiteradas ocasiones las empresas han producido miles de toneladas por sobre lo originalmente autorizado en sus proyectos técnicos. Sin embargo, de los cuatro casos sólo dos tienen hoy en curso un procedimiento sancionatorio en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA): Huillines 2 (110228) y Huillines 3 (110259), ambos de la empresa Cooke Aquaculture, ubicados dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael.
Más aún, la sobreproducción de ambas empresas ha representado beneficios económicos -estimados en base al precio promedio del kg de salmón en 2022- de unos $450.000 millones en ventas para Cooke Aquaculture y de $171.000 millones para Aquachile. En el primer caso, se cosecharon 50.993 toneladas de la especie por sobre lo autorizado mientras que, en el segundo, fueron 19.497 toneladas demás. Sin embargo, la máxima sanción aplicable superaría los $3.900 millones por cada centro. Y peor aún, si la sanción no incluye la clausura definitiva de los centros de cultivo las empresas podrían extender su producción ilegal.
Este cuadro hace imperativo que la autoridad ambiental, primero, inicie un proceso sancionatorio contra Aquachile por elusión a la evaluación ambiental de sus concesiones dentro del PN Isla Magdalena y, segundo e imperativo, que para el total de los casos se sancione con la pérdida de los permisos ambientales de cada centro. Esto no solo sería ejemplificador sino, a la vez, una señal concreta de que nuestras áreas protegidas en la Patagonia deben estar protegidas y no convertidas en un nuevo subsidio o regalía para la industria salmonera.