Millonarias ganancias habría generado la empresa Australis Seafood con casos de sobreproducción en 46 centros de cultivo.
La Fundación Terram publicó hace unas semanas un documento que analiza 92 casos de sobreproducción, incluidos dentro de los expedientes de procesos sancionatorios contra la empresa Australis Seafood, impulsados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) entre 2013 y 2024. Según la investigación, la salmonera habría producido 509 mil toneladas de peces, a pesar de que sus permisos ambientales sólo autorizaban un máximo de 373 mil toneladas.
Los 92 casos se desarrollaron en 46 centros de cultivo. De este total, treinta y cinco están ubicados al interior de áreas protegidas: Dieciséis en la Reserva Nacional Las Guaitecas; diecinueve en la Reserva Nacional Kawésqar.
“El daño ambiental es evaluado tomando en consideración la envergadura de la actividad desarrollada y los efectos que esta produjo en el sitio en que se emplaza. Cuando este se produce en áreas protegidas se entiende que el reproche normativo es mayor, ya que son sitios que por su alto valor ecológico son puestos bajo categorías especiales de protección”, explica el abogado de Terram, Diego Rojas.
Esta práctica ilegal supera en 135.972 toneladas las autorizadas en los permisos ambientales, lo que es considerado una infracción de carácter grave de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Según la investigación de Terram, de los 92 casos analizados, 62 se encuentran en proceso de sanción en la SMA y 30 no fueron sancionados y se encuentran prescritos, ya que la SMA no formuló cargos antes de que transcurrieran tres años desde cometida la infracción.
De los 62 casos abiertos, un total de 29 tienen un programa de cumplimiento aprobado, por lo que se permitió que la empresa compense con una reducción productiva en ciclos siguientes, no considerando una sanción económica directa. De los restantes, 22 casos, relacionados a 12 centros, el plan de cumplimiento fue rechazado, por lo que la SMA deberá determinar la sanción. Y los 11 faltantes, correspondientes a 6 centros de cultivo, tienen un plan de cumplimiento pendiente.
Según el documento, las situaciones con proceso sancionatorio abierto habrían generado ganancias estimadas para la empresa salmonera en el rango entre los $76 y $114 millones de dólares, mientras que los casos prescritos serían valores entre $59 y $89 millones de dólares.
Para Rojas, el plazo para la fiscalización y denuncia debería ampliarse y así limitar la cantidad de infracciones prescritas. “Dada la complejidad y el contexto en el cual se desenvuelven estos casos, la fiscalización exige que los titulares reporten fidedignamente los ingresos y egresos de los centros de engorda de salmones (CES) en cuestión y aun cuando ese reporte es realizado, el organismo encargado no los detecta y los denuncia a la SMA. Por lo mismo, este plazo debería ampliarse respecto de actividades que por su complejidad y volumen tornan más dificultosa su fiscalización”.
En el documento se establece que de los 33 que podrían quedar sin sanción económica, ya que mantienen plan de cumplimiento aprobado o pendiente, 22 se ubican dentro de áreas protegidas.
Finalmente, el documento de Terram enfatiza en la necesidad de perfeccionar el diseño institucional de las sanciones ambientales, ya que actualmente el foco es que las empresas salmoneras retornen al cumplimiento, lo que en la práctica permite que empresas que incumplen la normativa ambiental continúen operando sin tener sanciones proporcionales al daño causado.