Por: Alberto González
La información es de: Gonzalo Olguín
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Con 131 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley -luego de 12 años de tramitación- el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, más conocida como Ley SBAP.
El Gobierno destacó la votación y señaló que, con esta propuesta, se completa la institucionalidad ambiental del país y que este proyecto, aprobado luego de una compleja discusión en comisión mixta, es la iniciativa medioambiental más importante de la última década.
Según información proporcionada por el Ejecutivo, la medida permitirá aumentar en un 57% el presupuesto anual destinado a este ítem, junto con la participación privada en la gestión de áreas protegidas; y duplicará la cantidad de guardaparques en el país.
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló que también se reducirá la dispersión del trabajo en áreas protegidas, que ahora está en cinco carteras distintas.
La oposición se resistió a aprobar la forma en que el proyecto dirime las áreas concesibles y de explotación al interior de áreas protegidas y parques nacionales; y según advirtió la propia ministra, quedaron ‘incoherencias pendientes’.
El diputado UDI, Sergio Bobadilla, sostuvo que la indicación del Ejecutivo que fue rechazada en la comisión mixta, y que buscaba controlar la operación de empresas salmoneras en reservas nacionales, ponía en peligro la actividad de esta industria.
‘Por este proyecto me hice diputado’, señaló el legislador de Revolución Democrática e integrante de la comisión de Medio Ambiente, Jaime Sáez, quien calificó como ‘histórico’ el despacho a ley de esta iniciativa.
El legislador sostuvo que la conservación de áreas protegidas no es compatible, en el mismo espacio, con el desarrollo, por ejemplo, de la acuicultura.
La diputada independiente que integra el comité PPD, Camila Musante, valoró el proyecto despachado a ley, pero advirtió que deja fuera a algunos tipos de humedales en su marco de protección.
El gran tema pendiente se discutirá en la Ley de Acuicultura. El Gobierno resolvió separar la Ley de Pesca en dos y, en una de sus partes, se va a discutir la política de relocalización que motivó en mayo protestas de trabajadores de la industria del salmón.
Lo que aún es materia de debate, es la extinción de los permisos de explotación y si estos pueden ser renovables automáticamente o necesitarán el permiso del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.